SOCIEDAD

Se conmemoraron los 72 años de la bomba atómica en Hiroshima

La ciudad japonesa de Hiroshima conmemoró este domingo el 72 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica que mató a cientos de miles de personas al final de la Segunda Guerra Mundial, con una ceremonia en la que se llamó al desarme nuclear global.

El acto se celebró en el Parque de la Paz de la ciudad del oeste de Japón, ubicado cerca del centro de la devastadora explosión nuclear, y comenzó con un minuto de silencio a las 8.15 hora local.


Conmemoración por los 72 años de la bomba nuclear en Hiroshima
Esa fue la hora exacta en la que el B-29 Enola Gay de las Fuerzas Aéreas estadounidenses lanzó el 6 agosto de 1945 el "Little Boy", el nombre con el que Estados Unidos bautizó al artefacto nuclear.

Tras el minuto de silencio, el alcalde de la ciudad, Kazumi Matsui, pidió a todos los líderes mundiales que respalden el tratado adoptado por 122 miembros de Naciones Unidas a principios de mes para prohibir las armas nucleares, el primero de este tipo a nivel global.
<p>Conmemoración por los 72 años de la bomba nuclear en Hiroshima</p><p></p>
Matsui pidió en particular al Ejecutivo de Japón "que manifieste el pacifismo establecido por su Constitución" y "haga todo lo posible por facilitar la adopción global" del pacto.

Por su parte, el primer ministro, Shinzo Abe, evitó mencionar directamente al tratado durante su intervención, aunque destacó la necesidad de que tanto las potencias nucleares como el resto de países "se impliquen para lograr un mundo verdaderamente libre de armas atómicas".
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La ceremonia contó con la participación de representantes de unos 80 países y de la Unión Europea, entre ellos potencias nucleares como Reino Unido, Francia, Estados Unidos o Rusia.

La subsecretaria general de las Naciones Unidas y alta representante para el desarme, la japonesa Izumi Nakamitsu, afirmó que los supervivientes al bombardeo atómico de Hiroshima "envían un mensaje heroico al mundo y un recuerdo de los devastadores efectos de estas armas", en un mensaje leído en nombre del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Conmemoración por los 72 años de la bomba nuclear en Hiroshima
La bomba lanzada sobre Hiroshima hace 72 años detonó con una intensidad de unos 16 kilotones a unos 600 metros de altura muy cerca de donde se levanta el parque donde tuvo lugar la ceremonia, y acabó de forma inmediata con la vida de unas 80 mil personas.

El número aumentaría hacia finales de 1945, cuando el balance de muertos se elevaba a 140 mil, y en los años posteriores las víctimas por la radiación sumaron más del doble.

Tres días después del ataque sobre Hiroshima, el 9 de agosto de 1945, EE.UU. lanzó una segunda bomba nuclear sobre la ciudad de Nagasaki, lo que desembocó en la capitulación de Japón seis días más tarde y puso fin a la Segunda Guerra Mundial.

La Santa Sede se pronunció contra la Constituyente de Maduro

 La Santa Sede emitió un comunicado hoy en donde se pronunció contra el Gobierno de Venezuela, a cargo de Nicolás Maduro, por las irregularidades en la votación para la Asamblea Constituyente que, según denunció la oposición, busca modificar la Constitución para que el Ejecutivo tenga mayor poder aún.

De está forma, el Vaticano se sumó al rechazo internacional contra Maduro, algo que se le venía reclamando al Papa Francisco desde diferentes sectores. En la misiva oficial, el Sumo Pontífice expresó su "profunda preocupación por la radicalización y el agravamiento de la crisis" que vive el país caribeño, a la par que le solicitó a todos los actores políticos que "aseguren el pleno respecto de los derechos humanos y las libertades fundamentales".

Francisco, además le sugirió a Maduro que se "eviten o suspenda las iniciativas en curso como la nueva Constituyente" ya que consideró que en vez de generar un clima de paz, lo que hace es fomentar "un clima de tensión y enfrentamiento" que "hipotecan el futuro".

Desde hacía tiempo que en la comunidad internacional le solicitaban al Papa que se expida sobre la situación en Venezuela para mandar un mensaje aún más fuerte luego de que la Unión Europea, los Estados Unidos, y la mayoría de los países de la región se expresaron en contra de la Asamblea Constituyente.

Por último, como consecuencia de los más de 100 muertos víctimas de la represión en las protestas contra el Ejecutivo, el Vaticano realizó un llamado a las fuerzas de seguridad de dicho país para que se abstengan del uso excesivo de la fuerza.

El comunicado completo

La Santa Sede manifiesta nuevamente su profunda preocupación por la radicalización y el agravamiento de la crisis en la República Bolivariana de Venezuela, por el aumento de los muertos, de los heridos y de los detenidos. El Santo Padre, directamente y a través de la Secretaría de Estado, sigue de cerca dicha situación y sus implicaciones humanitarias, sociales, políticas, económicas e incluso espirituales. Asimismo, asegura su constante oración por el País y por todos los venezolanos, mientras invita a los fieles de todo el mundo a rezar intensamente por esta intención.

Al mismo tiempo, la Santa Sede pide a todos los actores políticos, y en particular al Gobierno, que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución; se eviten o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente que, más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro; se creen las condiciones para una solución negociada de acuerdo con las indicaciones expresadas en la carta de la Secretaría de Estado del 1 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta el grave sufrimiento del pueblo a causa de las dificultades para obtener alimentos y medicamentos, y por la falta de seguridad.

La Santa Sede dirige, finalmente, un apremiante llamamiento a toda la sociedad para que sea evitada toda forma de violencia, invitando, en particular, a las Fuerzas de seguridad a abstenerse del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

Burlando pedirá la detención Galli y del Indio Solari por la tragedia de Olavarría

Ezequiel Galli.

El abogado Fernando Burlando aseguró hoy que pedirá la detención del intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, y del Indio Solari por la muerte de dos personas durante un polémico show en marzo pasado.

 

 

"Como querellante y representante de los damnificados vamos a pedir la detención del Indio Solari, de los productores y del intendente de Olavarría porque están dadas las circunstancias y son delitos graves que se podrían haber evitado", advirtió el abogado que representa a los damnificados.

 

El mediático abogado señaló que "tras las pericias y en virtud de la conclusión vinculada al fallecimiento de las víctimas y a los lesionados se trató de una situación de aplastamiento que pone bajo el ojo de la justicia la responsabilidad y culpabilidad, tanto a las tres personas mencionadas, como a la propia justicia que no ha tomado ninguna decisión".

 

Durante el recital de Solari en Olavarría fallecieron Javier León y Juan Bulacio. La situación generó una crisis política toda vez que quedó al descubierto las fallas en la organización y la permisividad del Estado municipal en favor de la empresa encargada de llevar adelante el show.

 

Galli quedó en la cuerda en mayo cuando el informe del médico forense determinó que las causas de la muerte de las dos personas durante el show fue asfixia. Lo más grave para el alcalde de Cambiemos es que no fueron asistidos a tiempo y perdieron una última oportunidad de sobrevivida.

 

En marzo, Galli fue interpelado por los concejales. El intendente debió responder 324 preguntas. "Estoy acá para dar la cara, como lo hice siempre", dijo.

 

Sobre un escritorio, el intendente tenía consigo los papeles con las respuestas y una computadora portátil con un sugerente calco de Cambiemos con la leyenda "Yo estoy con el cambio".

 

Durante buena parte de las preguntas, el alcalde de Olavarría responsabilizó a los organizadores del show, la empresa ‘En Vivo SA', aunque también aclaró en algunos puntos que toda la organización del recital se hizo en un trabajo conjunto con el gobierno de María Eugenia Vidal.

 

"Son delitos graves que se podrían haber evitado. Cualquiera que conoce la mística del recital lo sabe, desde el intendente (Galli) hasta el mismo Solari. El ojo de la Justicia no puede dejar pasar al responsabilidad de todos, quienes convocaron, quienes conocían lo que es el sold out, etcétera", dijo Burlando.

 

"Todos son responsables y conocían la temática. Con distintos intereses: Solari y los productores con el económico, y el intendente con el político. Lo que pasó no puede pasar desapercibido. La sociedad necesita seriedad de parte de los funcionarios y de quienes están a cargo de organizar eventos. Fueron cuatro veces más personas que lo que establecía la habilitación del lugar", agregó.

 

"Cuando el apetito político y económico es voraz, sin discriminación, puede pasar esto", sentenció, y cerró: "Tal vez sin estos resultados la situación pasaba desapercibida, pero la función pública tiene que estar presente", dijo.

Justicia jujeña se notificó de cautelar de la CIDH a favor de Milagro Sala y se espera su liberación

El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy recibió la resolución dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a la medida cautelar solicitada en favor de Milagro Sala, que le reclama al Estado argentino el cumplimiento de la resolución del grupo de trabajo la ONU que pide "su liberación inmediata", o la adopción de "medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario", informó el Poder Judicial jujeño. En ese contexto, se espera que la líder de la Tupac Amaru sea liberada en las próximas horas.

 

El documento de la CIDH fue remitido formalmente el último miércoles por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y por el Poder Ejecutivo Provincial a la presidenta del máximo tribunal de justicia provincial, Clara Aurora De Langhe de Falcone, según se informó en un comunicado.

 

La resolución le fue remitida por el coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio nacional, Ramiro Badía. En tanto, desde el Poder Ejecutivo Provincial se emitió el Decreto 4448-G-, del 2 de agosto último, con las firmas del gobernador de la provincia, Gerardo Morales, y el ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, para que "se consideren los requerimientos establecidos en la misma". 

 

La comunicación señala en sus considerandos que "la República Argentina es estado miembro de la Organización de los Estados Americanos, que la Convención sobre Derechos Humanos posee jerarquía constitucional por el Art. 75º inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina".

 

Puntualiza luego que "la provincia de Jujuy es parte integrante e inseparable de la de la Nación Argentina como unidad política; pero además, el Gobierno de la Provincia de Jujuy tiene la vocación de acompañar con firme convicción todas las acciones y procesos nacionales e internacionales tendientes al respeto de los derechos humanos en plena dimensión jurídica, social y económica".

 

Luego señala que "pese a conocer que las condiciones de detención de la señora Milagro Sala se adecúan a estándares internacionales aplicables, en la resolución de la CIDH se citan situaciones de gravedad o urgencia, o riesgos de daños irreparables a la vida e integridad de la persona; ergo, sin perjuicio de dejar en claro que el Poder Ejecutivo Provincial de ninguna manera las reconoce, no puede admitirlas con sustentos en extremos objetivos, ni las comparte".

 

No obstante "con respeto irrestricto al sistema republicano de división de poderes, y siendo competencia exclusiva del Poder Judicial los procesos penales como integridad, en especial, lo referente a derechos de las personas privadas de libertad, se pone en conocimiento del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy la Resolución Nº 23/2017, para que, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, se consideren los requerimientos concretados", agrega. 

 

La resolución de la CIDH, difundida el último viernes, urge al Estado argentino dar cumplimiento a la resolución del grupo de trabajo la ONU que pide "su liberación inmediata", o la adopción de "medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad".

 

Sala está detenida desde enero del 2016, primero a raíz de un acampe que la agrupación Tupac Amaru realizaba frente a la sede de la Gobernación y, luego, bajo prisión preventiva, en causas que se tramitan en su contra por acusaciones de fraude, extorsión y asociación ilícita, a raíz del desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. 

 

La dirigente social está alojada en la Unidad 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocida como "Penal del Alto Comedero"

Italia inicia su misión en Libia para controlar la inmigración y confisca el barco de una ONG

Italia sigue centrando sus esfuerzos en controlar la situación que se vive en el Mediterráneo a cuenta de la crisis migratoria. Desde hoy una flotilla de barcos italianos patrullará en aguas libias para ayudar al país africano a combatir a los traficantes de inmigrantes que operan allí. El primer barco italiano viajó hasta Libia inmediatamente después de que el Parlamento diera luz verde a la misión naval.

Esta iniciativa ha surgido a partir de la petición, el pasado 23 de julio, de "apoyo técnico y naval" para la Guardia Costera libia del jefe del Gobierno de Unidad Nacional, Fayed Al Serraj , el único reconocido por la ONU y que cuenta con el apoyo de Italia. "Lo que hemos aprobado no es ni más ni menos que lo que nos ha pedido el Gobierno libio", decía al respecto el primer ministro Italiano, Paolo Gentiloni.

La operación, tal y como explicó la ministra italiana de Defensa, Roberta Pinotti, consistirá en un "apoyo logístico, técnico y operativo a las autoridades navales libias", a las que acompañarán en actividades conjuntas y coordinadas y se desarrollará hasta el 31 de diciembre. También apuntó que en el caso de un enfrentamiento con los traficantes de personas, la defensa de los militares italianos "será lícita".

La decisión de Roma de llevar sus barcos a Libia ha sido duramente criticada. 'Open Migration', un proyecto lanzado como base de datos y portal de noticias sobre migraciones ha escrito que "aunque el Gobierno italiano haya negado efectuar devoluciones de migrantes, en la práctica la misión parará las embarcaciones antes de su llegada a aguas internacionales".

La ONG Intermón Oxfam ha señalado que esto conlleva el riesgo de dejar atrapados a los inmigrantes "en un infierno al otro lado del mar", aludiendo a las múltiples torturas, detenciones ilegales y abusos documentados por varias organizaciones en Libia, que carece de un sistema de asilo y penaliza las entradas y estancias irregulares.

Para Amnistía Internacional, esta misión "no está concebida para poner fin a la creciente cifra de muertes en el Mediterráneo central, sino más bien para impedir la llegada de personas refugiadas y migrantes a las costas italianas".

El cometido de la operación italiana es ayudar a las autoridades locales a hacer frente a las redes de tráfico de personas que actúan sin control en las costas del país africano. Del total de 95.215 inmigrantes que llegaron a Italia a través del mar en lo que va de año, el 97% partió de playas libias, según el Ministerio del Interior italiano.

Esta misión naval ha obtenido el visto bueno del Parlamento dos días después de que el Ejecutivo firmara con algunas ONG un código de conducta para los rescates en el mar.

Una ONG, acusada de colaborar con las mafias

Casi a la par que comenzaban las labores en Libia, el barco de una de las ONG que no suscribió este código ha sido confiscado de forma preventiva por las autoridades de Trapani y permanece retenido en el puerto de Lampedusa. A la propietaria de la nave, la organización alemana Jugend Rettet, se le acusa de favorecer la inmigración clandestina durante sus operaciones de salvamento. El fiscal de Trapani, Ambrogio Cartosio, ha explicado ante los medios que su rechazo al código de conducta no ha tenido ninguna influencia en la decisión judicial.

Ha explicado que la confiscación se ha producido ahora porque han constatado un "peligro serio de reiteración de la actividad delictiva" a bordo de la nave.

Aunque la investigación, que se inició en octubre del año pasado, se encuentra todavía en fase preliminar, y las pesquisas siguen en curso, el fiscal ha apuntado a "graves indicios de contactos y encuentros" entre miembros del equipo del 'Iuventa', de bandera holandesa y los traficantes de personas.

Atendiendo a su reconstrucción, los inmigrantes iban escoltados por las mafias hasta la embarcación de la ONG, donde eran "entregados" a algún miembro de la tripulación, en aguas próximas a Libia. En concreto se refirió a tres hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2016 y el 18 y 26 del pasado junio.

El fiscal, que no ha querido dar detalles a los medios acerca de cómo nació o se está desarrollando la investigación, ha preferido mantener la prudencia y descartó por el momento la posibilidad de una "colaboración estable entre los traficantes libios y el barco de la organización. "Los fines de ambas partes son bien distintos", añadió argumentando que a unos los mueve el dinero y a los segundos, los motivos humanitarios y calificó como "ciencia ficción" un hipotético acuerdo entre las ONG y los traficantes de personas.

El delito de favorecimiento de la inmigración clandestina en Italia está penado con hasta tres años de prisión ampliables hasta los 15 si se da el agravante de que la persona introducida ilegalmente en el país sufre explotación.

Siria ejecuta al maestro del activismo digital

El ejecutivo de Bashar Asad ha confirmado la muerte del ciberactivista opositor sirio palestino Bassel Khartabil, cinco años y cinco meses después de su detención. Según el también activista Rami Jarrah, Bassel fue ejecutado en 2015, pero el Gobierno no lo confirmó a su viuda, Nura Ghazi, hasta este martes. Su muerte se enmarca en la incesante persecución de activistas seculares por parte de Damasco.

Este martes por la noche, Ghazi dio la noticia a través de Facebook, aunque no precisó cómo supo de ella. "Fue ejecutado poco después de ser trasladado a la prisión de Adra en octubre de 2015. Este es el fin que encaja en un héroe como él", escribió. "Es una pérdida para Siria. Es una pérdida para Palestina. Es una pérdida para mí".

Khartabil, experto en informática y de 34 años al morir, sentó las bases de la red que permitió burlar la férrea censura digital siria. Su labor permitió que activistas sirios pudiesen contactar entre ellos para organizarse contra Asad. Además, era el delegado local de Creative Commons, una organización alternativa de derechos de autor, y era activo en proyectos digitales abiertos como Wikipedia y el navegador Mozilla Firefox.

"Su papel fue determinante a la hora de facilitar el acceso de los activistas a espacios donde comunicarse, compartir información y reunirse en el ciberespacio. A fin de cuentas, se le considera el encargado de abrir Internet a la población siria, con todo lo que ello ha supuesto en el contexto revolucionario", explica a EL MUNDO Naomí Ramírez, doctora en Estudios Árabes e Islámicos especializada en Siria, país donde vivió.

Bassel Khartabil se definía como pacifista y defensor de la libertad de información y la programación en código abierto. En 2012 fundó Aiki Lab, que permitió reunir ingenieros, artistas e informáticos en Damasco para desarrollar iniciativas como la que, en 2005, reconstruyó virtualmente el sitio Arqueológico de Palmira. Este trabajo es crucial ahora que Palmira ha sido destruida por el Estado Islámico y requiere reconstrucción.

Las fuerzas de seguridad sirias detuvieron a Khartabil en Damasco el 15 de marzo de 2012, justo cuando el levantamiento popular sirio cumplía un año. Fue interrogado y torturado entre acusaciones de espionaje. Los agentes incautaron sus equipos y lo incomunicaron durante nueve meses. Así se convirtió en uno de los más de 65.000 sirios desaparecidos desde 2011. Hoy es uno de los más de 17.700 muertos bajo custodia policial.

Durante los últimos años, numerosas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han impulsado campañas para liberar al ciberactivista. En abril de 2015, el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias emitió una resolución en defensa del joven que exigía su liberación inmediata. El medio Foreign Policy lo incluyó en su lista de Pensadores Globales de 2012 por "insistir en una revolución siria pacífica".

Pese a la presión internacional, la administración de Bashar Asad, quien define como "guerra al terrorismo" el conflicto que sufre su país, condenó a muerte a Khartabil bajo acusación formal de "socavar la seguridad nacional". Según Nura Ghazi, a la que conoció durante las manifestaciones contra Asad de 2011, unos individuos le habían comunicado la sentencia en noviembre de 2015

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