POLITICA

Panamá Papers: el Gobierno podría demorar exhortos sobre Macri

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El Gobierno podría demorar los exhortos que pesan sobre el presidente, Mauricio Macri, en el caso Panamá Papers. La Cancillería argentina consideró que "no hay claridad en la descripción de los hechos imputados", lo que podría incluso hacer fracasar los pedidos de informe a Panamá y Uruguay hechos por el juez a cargo de la causa, Sebastián Casanello.

 

"Esta Autoridad Central se permite destacar que de la lectura de la solicitud no surge con claridad la descripción precisa o circunstanciada de los hechos imputados -de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 - y esto determina la posibilidad de que las autoridades requeridas, en forma previa a la ejecución de la solicitud, requieran aclaraciones al respecto o procedan a su devolución para su complementación", dice la nota 6583/16 de la Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal de Cancillería del 15 de junio pasado.

 

Ello es en relación a los exhortos a Panamá y Uruguay que Casanello ordenó para obtener información societaria sobre la empresa "Foxchase Trading S.A.".

 

"Foxchase Trading S.A." es una compañía creada e en Panamá el 10 de diciembre de 2012 y que con otra que tiene domicilio en Uruguay controlaron "Macri Investment Group" (MIG), la firma sobre la que Mauricio Macri declaró en 2014 que tenía participación societaria.

 

Foxchase está mencionada porque MIG da sus acciones para constituir "Global Collection SA", vinculada a Global Collection Do Brasil, a la que ingresa "Fleg Trading", la empresa off shore que está siendo investigada en el marco de los Panamá Papers.

 

De todas maneras, las solicitudes de asistencia dirigidas a Uruguay y Panamá han sido remitidas a las respectivas Autoridades Centrales, según se confirmó en tribunales.

 

Macri está imputado por supuesta omisión maliciosa en declarar su participación en las empresas off shore "Fleg Trading LTD" y "Kagemusha SA", registradas en Bahamas y Panamá, de acuerdo a una investigación de un consorcio de periodistas.

Senado vota hoy el blanqueo

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La Cámara de Senadores buscará convertir hoy en ley el proyecto que permitirá comenzar a pagar las deudas previsionales a jubilados y pensionados, que hayan o no iniciado juicios contra el Estado, por la mala liquidación de sus haberes. La iniciativa, que fue sancionada por amplio margen en la Cámara de Diputados, será puesta a consideración de los legisladores después del mediodía.

 

El proyecto cuenta con un gran respaldo, tanto del oficialismo como de la oposición, por lo que se descuenta que será convertido en ley. El dictamen obtuvo el apoyo de la mayoría de los legisladores que integran las cuatro comisiones a las que fue girada la medida.

 

Entre otros, firmaron el expediente no sólo legisladores de PRO y del radicalismo, sino del peronismo disidente, del massismo y la gran mayoría de los integrantes del Frente para la Victoria. El proyecto contempla el pago de las deudas por haberes mal liquidados a jubilados y pensionados, que se financiará en parte gracias a reformas al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) del ANSES y en parte a la apertura de un blanqueo de capitales.

 

La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y de Blanqueo de Capitales recibió varios cambios en la Cámara de Diputados con respecto al expediente que envió el Poder Ejecutivo. La propuesta promueve la declaración de la emergencia en los casos de litigiosidad previsional que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron por la mala liquidación de sus haberes, que serán financiados con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales.

 

Uno de los cambios fundamentales se produjo luego de la detención del exsecretario de Obras Públicas de los gobiernos kirchneristas, José López, para excluir del blanqueo de capitales a los familiares directos de los funcionarios públicos y a los integrantes del Parlasur. Se suman, así, a los ya excluidos jefe y vicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernadores, intendentes y funcionarios nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes del Estado.

 

No tributarán nada quienes blanqueen hasta los 305.000 pesos. Pagarán un arancel del 5% quienes blanqueen la compra de inmuebles y capitales por hasta 800.000 pesos y del 10% para los montos mayores. Suma que sube al 15% desde el próximo año.

 

Además se prevé la actualización de los haberes y se impulsa la creación de la pensión a la vejez para mayores de 65 años, que se pagarán con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entre otros puntos, el proyecto establece que el programa de reparación para jubilados y pensionados sea optativo, apuntando a un tercio de los jubilados (casi dos millones y medio).

 

Podrán participar aquellos que tienen una sentencia firme favorable en juicios contra el Estado por haberes mal calculados, quienes iniciaron juicios pero aún no obtuvieron fallo y quienes no hicieron juicio, pero se les reconocen haberes mal calculados.

 

Aquellos con sentencia firme que opten por este programa cobrarán el 50% de la deuda en el primer mes y el resto en doce cuotas trimestrales.

 

El financiamiento del programa se hará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se habilita al Estado a vender las acciones de la ANSES en empresas privadas hasta un siete por ciento de la cartera que debe permanecer en manos del Estado.

 

La propuesta obtuvo rápido el apoyo de los gobernadores tras la firma del acuerdo para devolverles el 15% de la coparticipación que desde 1992 se retenía para financiar el sistema previsional.

 

Además se otorga un beneficio a los trabajadores de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias que no están alcanzados por Bienes Personales para que queden exceptuados del pago de Ganancias en el medio aguinaldo de junio.

 

El proyecto también incluye la Pensión Universal para la Vejez que supone el ochenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y que será a partir de los 60 años para las mujeres y de los 65 para los hombres.

 

La mujer de Pérez Corradi ratificó que había policías que le cobraban para no detenerlo

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La pareja de Ibar Pérez Corradi, detenido en Paraguay tras permanecer cuatro años prófugo por el triple crimen de General Rodríguez, declaró ante la Justicia de su país que sería "difícil" reconocer a "todos" los policías locales que recibían una paga de su pareja para que no lo detuvieran, porque eran "varios" y "en diferentes lugares".

 

La mujer prestó esta declaración como testigo en la investigación por falsificación de documentos que se le sigue a Pérez Corradi, quien a su vez será indagado mañana por el mismo caso, informaron fuentes judiciales.

 

Se trata de María Gladys Delgado Brítez (24), de nacionalidad paraguaya, quien esta mañana prestó declaración testimonial ante la fiscal Sandra Quiñónez, de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas, Antisecuestro y Antiterrorismo, con sede en Asunción.

 

La mujer -que desde 2012 está en pareja con el ex prófugo y tiene con éste una hija de tres años y un bebé de cuatro meses- estuvo acompañada por el abogado de su pareja, Carlos Rodríguez Brun, quien presenció la declaración como "oyente" ya que Delgado Brítez es una testigo.

 

"La mujer declaró que ella conocía a su pareja por el nombre de José Luis Fernández y colaboró dando detalles sobre el uso que éste hacía de su documentación", explicó a Télam el abogado paraguayo.

 

Según el Ministerio Público Fiscal local, sobre el "supuesto pago por protección a policías paraguayos, Gladys Delgado también se ratificó, e indicó que le sería difícil reconocer a todos los involucrados, pues eran varios agentes que recibían el dinero en diferentes lugares".

 

Tras la audiencia, la propia fiscal afirmó que "le preocupa la seguridad de la testigo debido a la situación de riesgo de su pareja", por lo que se comunicó con el Comandante de la Policía Nacional "a fin de que la fuerza pública brinde protección a la mujer".

 

Más temprano la fiscal Quiñónez había citado a Pérez Corradi (38) para mañana a las 9 (hora local) para indagarlo por la "supuesta comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y abuso de documentos de identidad".

 

Por esta causa, caratulada "David Nicolás Benítez Meza y otros", la fiscal había librado una orden de detención del imputado a nivel nacional, razón por la cual, tras ser detenido el 19 de este mes en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, el ex empresario farmacéutico argentino fue trasladado a Paraguay.

 

El defensor Rodríguez Brun dijo a Télam que recién mañana definirá con Pérez Corradi si éste acepta responder preguntas o si se niega a declarar ante la instructora judicial.

 

"Dependerá del momento", indicó el letrado que agregó que su defendido continúa detenido en dependencias de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOPE) de la Policía Nacional de Paraguay.

 

Según la investigación, Pérez Corradi está acusado de haber pagado 200.000 dólares a cambio de un documento falso y un pasaporte a nombre de Walter Miguel Ortega Molinas, un joven muerto en 2002 en un accidente, para poder permanecer prófugo.

 

De acuerdo a la acusación, dicho documento falso fue impreso el 4 de agosto de 2015 y tras descubrirse la maniobra toda la cúpula del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional paraguaya fue descabezada y se dispuso la detención de dos suboficiales de la fuerza.

 

Por otra parte, hoy ingresaron formalmente a la Fiscalía de Estado paraguaya tres pedidos de extradición de la Justicia argentina: uno por el triple crimen, el segundo por tráfico ilegal de efedrina y el tercero por encubrimiento de lavado de activos.

 

Fuentes judiciales paraguayas precisaron a Télam que los dos primeros requerimientos son de la jueza federal María Servini de Cubría y el restante de su par Sebastián Casanello, quien se quedó con la causa de la "mafia de los medicamentos" que antes tenía el ex magistrado Norberto Oyarbide.

 

A partir de ahora, el fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay Manuel Doldán Breuer analizará cada uno de los pedidos y determinará si cumplen con todos los requisitos, tras lo cual, correrá vista a la defensa de Pérez Corradi.

 

Hace una semana, el detenido declaró ante el juez penal de Garantías 12 de la capital paraguaya, Eulogio Julián López Aquino, a cargo del proceso de extradición, que no quiere someterse a la Justicia argentina porque teme por su vida ya que "autoridades" del gobierno kirchnerista "están involucradas en los hechos".

 

Imputaron a Grindetti intendente oficialista por presunto enriquecimiento ilícito

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El intendente oficialista de Lanús, Néstor Grindetti, fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito en una casa iniciada tras su aparición en la investigación sobre sociedades off shore, conocidas como Panamá Papers.

 

La decisión la tomó el fiscal Patricio Evers quien decidió imputar al exministro porteño por sospechar que manejó dos cuenta de sociedad off shore.

 

Fue imputado por el poder legal que Grindetti tenía para operar con la empresa Mercier International SA, constituida en Panamá en 2010, y otro para gestionar fondos de la compañía depositados en el banco suizo Clariden Leu Limited.

 

El fiscal también solicitó librar exhortos a Suiza y Panamá para obtener mayor información sobre las cuentas.

 

  

 

Capitanich dice que el PJ que lideran Gioja y Scioli es funcional al macrismo

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En declaración a la radio on line Cadena Sur, Capitanich dijo que en el peronismo “hay dos posiciones, una de oposición política clara contundente y otra de aggiornamiento que expresa la centro derecha neoliberal funcional al macrismo”.

 

El ex jefe de Gabinete también rechazó el argumento que sostienen autoridades del PJ respecto de la “gobernabilidad” afirmando que esa es una atribución que debe ser ejercida “por quien gobierna”.

 

También marcó que “ese concepto confunde porque hoy se aprecia que el gobierno nunca pensó en la gobernabilidad al tomar medidas que están afectando a millones de argentinos y favorecen a grupos económicos y mediáticos”.

 

“No debemos amilanarnos con esta políticas actuales y debemos estar resistiendo porque nosotros estamos con la verdad de nuestro pueblo”, añadió y mencionó que “no es la primera vez que vamos a defender conquistas logradas en el gobierno de Eva y Juan Domingo Perón”.

 

A esto sumó que “los trabajadores tampoco se olvidan de Néstor y Cristina, que fueron los que devolvieron a los argentinos la alegría, haciéndoles creer nuevamente en la política, desde los jóvenes y la militancia, con políticas que no se veían desde la década del 55”.

 

Sobre el gobierno de Mauricio Macri dijo “esto es política: nosotros no los vamos a convencer nunca a ellos que piensen como nosotros y ellos tampoco nos van a convencer a nosotros a que pensemos como lo hacen”. 

“Lázaro Báez no tiene privilegios de detención ni celda VIP”, aclaró el director del Servicio Penitenciario

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El director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emiliano Blanco, afirmó hoy que el detenido Lázaro Báez “no tiene privilegios” ni se encuentra alojado en una “celda VIP”, al rechazar versiones periodísticas que señalaban que el empresario gozaba de ciertas concesiones en sus condiciones de detención en la cárcel de Ezeiza.

 

“No es VIP ni tiene ningún tipo de privilegio”, aclaró hoy Blanco en declaraciones a radio Nacional, en las que precisó que Báez “no decide en absoluto con quién vive o deja de vivir en su lugar de alojamiento” dentro del complejo penitenciario federal de Ezeiza.

 

El director del SPF precisó que el detenido “convive en un pabellón con otros 15 internos procesados por delitos contra las personas y la propiedad, y por temas de drogas”, entre ellos su contador Daniel Pérez Gadín, y que anteriormente “era ocupado por transexuales que fueron trasladados al complejo de mujeres por un criterio de política de género que se viene aplicando”.

 

En cuanto a la versión de que dispone de televisor, heladera y un horno eléctrico, Blanco explicó que “es una práctica muy común y autorizada” dejar entrar al penal este tipo de elementos que “favorecen y mejoran los estándares de convivencia y se colocan en el salón de usos múltiples” de los internos.

 

Sobre las cámaras de seguridad con que cuenta el penal, el funcionario explicó que “se han instalado en distintos sectores del complejo”.

 

Por otra parte, Blanco reveló que “desde el instituto de criminología se está diseñando un programa para identificar los perfiles de los internos” procesados o condenados por delitos de corrupción, ya que, “en la literatura penitenciaria, no hay mucha información sobre casos de este tipo”.

 

“Los delitos de corrupción representan un desafío para el servicio penitenciario. Necesitamos generar un instrumento de medición objetiva de los índices de corruptibilidad; es decir generar evidencia empírica y con ello diseñar algún programa de abordaje específico”, dijo, aunque descartó que se esté pensando en un pabellón exclusivo para detenidos por causas de corrupción.

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