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PAIS

Por las lluvias se perdieron 2 millones de toneladas de soja

El extenso período de lluvias que registró la zona núcleo y también el Litoral dejaría una pérdida de 2 millones de toneladas de soja, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

 

Por las intensas lluvias, que en algunos casos alcanzaron los 500 milímetros, los especialistas de la bolsa rosarina estiman que se producirá una caída en los rindes de 500 kilos por hectárea de los porotos que aún restan levantar, en momento en el cual el 40 por ciento de la soja de primera esta cosechada.

 

Antes de producirse el ciclo de tormentas sobre la Pampa Húmeda y el Litoral, en los informes se estimaba un rinde de 4.000 kilos por hectárea, sin embargo dicho nivel ahora deberá ser revisado tras los efectos climáticos. 

 

"En términos de producción, significarían 2 millones de toneladas menos de soja desde la zona núcleo: el daño en la calidad es inmensurable, sin precedentes desde el inicio de la soja en la región", indicó el informe de la bolsa rosarina.

 

Los técnicos refirieron que todavía no están dadas las condiciones de piso y de caminos para posibiliar el ingreso de las cosechadoras y camiones para retirar la cosecha del poroto, y así confirmar las estimaciones que se realicen.

 

Si bien previo al temporal se descontaba la posibilidad de obtener una cosecha sojera récord superior a los 60 millones de toneladas, las cuales, según adelantos realizados por algunos estudios privados ya descuentan al menos la pérdida de casi 5 millones.

Denuncian que allegados a Sala llevaban "valijas con dinero" para "Máximo Kirchner”

La diputada jujeña, Mabel Balconte, amplió su declaración indagatoria en en el marco de la causa por asociación ilícita, fraude a la Administración Pública y extorsión, que tiene como principal acusada a Milagro Sala, donde reveló el modus operandi en el manejo de los fondos públicos que se bajaba a las organizaciones sociales, cómo se distribuía el dinero y cuál era el destino, según afirmó su abogado defensor.

 

Balconte, que renunció en las últimas horas al bloque del Frente Unidos y Organizados, contó en su declaración que "gente de Milagro Sala retiraba el dinero del Banco Nación y lo llevaba a la vivienda de ella en el barrio Cuyaya" y que de allí lo llevaban "en varias cantidades de valijas, por avión, a Buenos Aires" hasta un departamento "en calle Perú al 260" de la dirigente, según relató a Télam el abogado de legisladora, Guillermo Puerta.

 

"De ahí armaban una reunión el cuervo Larroque, con "Coco" Garfagnini, para llevarla a la Quinta de Olivos, donde la recibía Máximo Kirchner", agregó Puerta sobre el destino final de los fondos, según el relato de su defendida.

 

Sobre la decisión de Balconte de ampliar la declaratoria, el abogado aclaró que no se trató de un "arrepentimiento" sino del hecho de que su defendida era "victima de constantes amenazas de muerte, tanto ella como su familia" ya que le decían que no cuente lo que pasaba dentro de la Organización a menos que quisiera conocer "los pececitos de colores del dique", entre otros tipos de amenazas.

 

Al respecto, apuntó que presentaron una denuncia penal contra de Milagro Sala por amenazas y extorsión, la cual fue realizada el pasado miércoles en la fiscalía jujeña a cargo de Dario Osinaga, y otra en la Brigada de Investigaciones de San Pedro de Jujuy por una amenaza realizada a Balconte por un integrante de la Tupac Amaru.

 

En relación a la ampliación de la declaratoria, indicó que "también se incorporó documentación que avala lo manifestado por mi clienta" y que entre el próximo lunes y martes estarán presentando nueva documentación.

 

Entre el material presentado, detalló que se encuentran "convenios celebrados con el ex Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, German Nivello, y firmado por el ex presidente del Instituto de Viviendas y Urnbanismo de Jujuy, Lucio Abregu" relacionados a "los 29 millones de pesos que la Organización retiró del banco en diciembre pasado para la construcción de viviendas sin haber empezado ninguna obra".

 

Finalmente, en torno a la renuncia de la diputada al bloque de Unidos y Organizados, Puerta señaló que al separarse "la diputada denunció también que el presidente del partido, German Noro, le exigía el 50% de su sueldo como diputada para el bloque

Cientos de personas se movilizaron en memoria de Walter Bulacio y en repudio a las detenciones arbitrarias

Familias y amigos de víctimas de violencia policial e institucional fueron acompañados hoy por centenares de militantes de organizaciones políticas y sociales que marcharon por la Avenida de Mayo desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo en conmemoración de los 25 años de la muerte de Walter Bulacio y la presentación de la Campaña Nacional Contra Las Detenciones Arbitrarias.

 

Los rostros de jóvenes, mujeres y trans, junto a las fechas y circunstancias en las que encontraron la muerte a manos de las fuerzas de seguridad, estaban presentes en remeras y retratos que portaban sus madres, parejas o hijos.

 

La marcha era encabezada por una bandera negra que recordaba los 25 años transcurridos desde la muerte de Walter Bulacio el 26 de abril de 1991, cuando falleció a causa de la paliza recibida en la comisaría 35 de la Policía Federal luego de ser detenido en una razzia en un recital de Los Redonditos de Ricota.

 

Tamara Bulacio tiene 22 años y es la hermana que Walter no llegó a conocer; ella le contó a Télam que “la que verdaderamente mantuvo el reclamo de justicia fue mi abuela, que mientras estuvo viva encabezó todas las manifestaciones, ella me empezó a traer a mí cuando cumplí ocho años”.

 

“En la causa de la muerte de Walter no hubo justicia, con la excusa de su salud al comisario responsable (Miguel Ángel Espósito) quedó libre; y por eso vamos a seguir movilizando hasta que los jueces cumplan con su deber y garanticen los derechos de todos”, advirtió.

 

La joven agregó que “esta marcha no se trata solo de Walter, sino de visibilizar que lo que le pasó a mi hermano le sigue pasando a un montón de pibes y pibas porque hay prácticas policiales que no cambiaron y porque la justicia nunca se ocupó de garantizar los derechos de todas estas víctimas”.

 

 

 

 

María del Carmen Verdú, abogada e integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), dijo a Télam que “el caso de Walter Bulacio no fue el primero que registramos, la lista ya tenía algunos centenares de muertes similares; pero desde la muerte de Walter para acá la lista de víctimas fatales de la violencia policial ya es de más de 4,700”.

 

La abogada sostuvo que “la violencia de las fuerzas de seguridad contra los pobres no se va a acabar hasta que no se cambie el paradigma de un estado que necesita mantenerlos oprimidos para garantizar las ganancias y privilegios de los que manejan los negocios”.

 

“La campaña que lanzamos hoy contra las detenciones arbitrarias es una necesidad imperiosa, porque las políticas de ajuste que este gobierno ha venido construyendo en apenas cuatro meses han venido acompañadas de la consolidación de normas y herramientas represivas cómo el protocolo para protestas sociales o el fallo del Tribunal Superior para que la policía pueda retener a alguien sin documentos”, concluyó.

 

La movilización terminó en la Plaza de Mayo dónde se leyó un comunicado que destacaba que “el sistema de detenciones arbitrarias, además de ser la puerta de entrada a la tortura, nos cuesta vidas. Más de la mitad de los muertos y muertas en comisarías, desde 1983 a hoy, estaban detenidos por una contravención o “para identificar”. Eran, según el eufemismo policial/judicial, “demorados” o “contraventores”, no detenidos, arrestados o aprehendidos por orden judicial o delito flagrante”.

 

“Por eso, cuando denunciamos la práctica sistemática de las detenciones arbitrarias no estamos simplemente defendiendo el derecho a caminar tranquilo por la calle. Es, sobre todo, la defensa de nuestra vida y de la de nuestros pibes y pibas, que nos convoca a organizarnos cada vez más”, agregaron las organizaciones participantes.

Suspenden eventos de los que participe la firma Dell Producciones

El juez federal Sebsatián Casanello dispuso la suspensión de aquellos eventos de los que participe la firma Dell Producciones, la empresa organizadora del Time Warp -en la que el sábado último en Costa Salguero murieron cinco jóvenes tras ingerir estupefacientes-, y llamó a prestar declaración indagatoria a Martin Gontad, conocido como el "Rey de la Electrónica".

 

De esta forma Casanello aceptó el pedido del fiscal Federico Delgado, en el marco de un conjunto de medidas ordenadas para esclarecer las responsabilidades por el hecho y que incluyeron también allanamientos en oficinas del gobierno de la Ciudad y en una agencia de turismo de Córdoba, que vendió paquetes para la fiesta.

 

Para Delgado, en la fiesta hubo una “zona liberada para vender drogas”, lo que permitió que los asistentes pudieran comprar diversos tipos de pastillas con excitantes, incluyendo “la gran novedad del Superman”, según declaró una médica que asistió a los primeras víctimas.

 

Los ecos de la tragedia en Costa Salguero escalaron además al máximo nivel del Gobierno ya que el jefe del Gabinete nacional, Marcos Peña, sostuvo hoy que tanto la Nación como el gobierno porteño "van a colaborar con la Justicia para saber si hubo fallas o cosas que tuvieron que haberse hecho mejor".

 

Su referencia a las presuntas falencias en la habilitación de las instalaciones como en la seguridad interior y exterior, fue hecha antes de conocerse que Casanello había ordenado un allanamiento a Agencia de Control Comunal, que dio los permisos para la fiesta y destinó sólo a tres de sus inspectores en el lugar esa noche.

 

Gontad había declarado como testigo el sábado y aseguró no haber visto "nada fuera de lo común" en el predio de Costa Salguero, donde admitió haber estado por haber sido contratado como “asesor de contenidos artísticos”.

 

Tampoco dijo saber nada sobre el corte del agua en los baños, lo que obligaba a los que consumieron pastilla con drogas de diseño y otros energizantes a comprar la botellitas de agua que se vendía a 80 pesos en la culminación de la fiesta, según datos del expediente.

 

Las nuevas citaciones a indagatoria se suma a las primeras 28, que incluyeron a los prefectos a cargo del “anillo” de seguridad exterior que recibieron la bolsita con drogas decomisadas en los molinetes de ingreso pero que no reportaron la novedad a la justicia hasta después de que se registraron los muertos.

 

Casanello ordenó las medidas y luego reimplantó el secreto de sumario al trascender varias de las declaraciones realizadas por testigos, algunos de identidad reservada.

 

Entre los testimonios conocidos hoy estuvo el de una médica de la empresa SEMEC,contratada por Dell Producciones para el evento, quien declaró que los dos equipos de emergencias con tres médicos y 15 socorristas quedaron “saturados” apenas comenzaron a producirse la descomposturas.

 

"Hasta las 1.50 atendimos emergencias moderadas o leves, código verde o amarillo sería, cada paciente salía por su cuenta, nada grave", recordó.

 

Pero luego ingresaron un paciente identificado como Leandro Espinoza, con un traumatismo encefalocraneano y fue derivado a la primera ambulancia, tras lo cual llegó un tercer paciente con "exitación psicomotriz, con examen físico difícil de evaluar".

 

"Al vernos saturados y sin ambulancias pedimos auxilio al SAME", recordó la médica, quien dijo que "por comentarios de las primeras personas que atendimos, las anteriores a los casos graves, me hablaron del consumo de éxtasis, LCD, Popper, GHB y mencionaron como novedad de la noche el "Superman".

 

Detalló que el patrón común de todos los atendidos era que todos sufrían "intoxicación aguda por una sustancia desconocida", según la primeras impresiones de los médicos en el lugar.

 

En Córdoba, la Policía Federal allanó las oficinas de la agencia de viajes "Próxima Estación", ubicada en la céntrica Galería Paseo del Sol, donde se habrían vendido paquetes para el traslado y el ingreso a la fiesta trágica.

 

Casanello también detuvo a tres presuntos dealers, un argentino, un dominicano y un colombiano a raíz de que recibió información que los vincula a la venta de droga sintética, proveniente de un juzgado en lo penal económico que ya los investigaba. Los tres se negaron a declarar.

 

En forma paralela a la investigación judicial, los legisladores porteños aprobaron un pedido de informes al ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, para que explique su actuación en los controles del perímetro externo de los tres pabellones en donde se realizó la fiesta.

 

El informe cobrará mayor relevancia luego que trascendió un entrecruzamiento de llamadas y mensajes de whatsapp en el que los organizadores aseguran que asistieron 20.492 personas, cuando los inspectores del gobierno porteño aseguran que se habían vendido 10.400 tickets y la capacidad autorizada es de 13.000.

 

Tres de los cinco jovenes internados que presentaban los cuadros más graves, presentan "una leve mejoría" en su estado de salud, según manifestó el parte del Ministerio de salud porteño.

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