ECONOMÍA

Ahora las estaciones de servicio suspenden el pago con tarjeta de crédito

Una asamblea plenaria de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) decidió suspender en forma paulatina desde el 1 de enero el uso de tarjetas de crédito para pagar las cargas de nafta y gasoil.

Las pymes que manejan las bocas de expendio cuestionaron las comisiones de las tarjetas de crédito "representan entre un 15 y 20 por ciento neto del total de nuestro margen de ganancia sobre la venta de combustibles", explicó Carlos Gold, presidente de Cecha.

El empresario indicó que "se les retiene un 30 por ciento impositivamente" y que "es un costo económico, porque las estaciones de servicio tenemos constante saldo a favor en impuestos, sin posibilidad de utilizarlo". 

Al utilizar la tarjeta de débito, las estaciones de servicio abonan 1% de comisión y reciben los fondos a las 48 horas, en cambio cuando se opera con tarjeta de crédito, la comisión es entre 1,3 al 1,5 por ciento y se tarda 28 días hábiles en recibir el dinero. 

En consecuencia, los dueños de las estaciones de servicio buscan meter presión a Prisma -empresa dueña de Visa , Banelco, Pagomiscuentas y Monedero, entre otras marcas- y a las tarjetas de crédito para que les reduzcan las comisiones a los expendedores.

De esa manera, los estacioneros quieren mejorar su margen de ganancia, que en la actualidad -según aseguran- varía entre 10 y 12 por ciento de cada litro de combustible que venden.

"Es una barbaridad. Con este panorama, decidimos que si este mes no recibimos alguna propuesta superadora de la situación actual, a partir del 1º de enero de 2018 empezaremos a no recibir tarjetas de manera escalonada y progresiva", afirmó el titular de Cecha.

En el caso de YPF, ACA y las estaciones que pertenecen a las petroleras, no tienen previsto sumarse a la medida por lo que seguirán aceptando todos los medios de pago.

Gobierno ya decidió ajuste en tarifas de transporte en 2018

El Gobierno sabe que lo que no haga el próximo año en materia de ajuste del gasto, ya no podrá hacerlo con intensidad en 2019. Por ello, tras la batería de aumentos en las tarifas de electricidad, gas y agua, la mesa chica del Gobierno comenzó a debatir el ajuste en los precios del transporte de pasajeros que desde abril del año pasado se mantienen congelados.

 

Sin duda es uno de los temas álgidos que resta encarar por el impacto socioeconómico. Pero en el seno del equipo económico saben que si lo siguen postergando será peor. Por ello tras varios encuentros entre las áreas técnicas y políticas fueron llegando a un consenso. Aunque en realidad fueron descartando opciones de ajustes. Incluso debieron sondear al Banco Central para evaluar el impacto de las distintas alternativas sobre las metas de inflación. Es que al ente monetario le convendría que implementaran la suba del boleto ya para afectar las metas de 2017, ya incumplibles, y brindarle más margen a las de 2018. Aunque algo de esto ya han hecho, dado que el Gobierno con los últimos aumentos de tarifas de luz, gas e incluso de combustibles no hizo otra cosa que adelantar el cronograma de normalización tarifaria, de modo de afectar diciembre y no 2018. O sea, con estos shocks tarifarios el Gobierno trajo inflación de 2018 e incluso de 2019 a 2017.

 

Pero resta aún tocar las tarifas de transportes. Al respecto cabe señalar que la estrategia fiscal que apunta a mantener el gasto primario en términos reales (de modo que el trabajo sucio lo hará el crecimiento del PBI reduciendo el peso del gasto público en la economía) pero a la vez reducir el déficit primario gradualmente implica mantener e incluso aumentar el gasto social y de capital (sobre todo en elecciones) y ajustar no solo el gasto previsional sino, fundamentalmente, el gasto en subsidios económicos. En los primeros diez meses del año el gasto en subsidios energéticos se redujo 32% interanual al pasar de $95.800 millones a $64.800 millones; mientras que los subsidios en transporte se incrementaron 10% de $51.500 millones a $56.800 millones. En paralelo fueron subiendo además la tarifa de agua y los combustibles. 

 

Para tener una idea de los atrasos, en el caso de la electricidad, el objetivo de 2017 fue que los consumidores paguen 47% del costo de generación (en 2015 pagaban el 15%) y para 2018 el 63% del costo. Lo que implicaría aumentos del 50% a 60% en lo relacionado a la generación de electricidad. En el caso del gas, la demanda paga entre 55% y 60% y para 2018 se quiere llegar al 77%.

 

Desde que asumió el Gobierno de Cambiemos el único ajuste en el boleto de transporte automotor urbano en el ámbito del AMBA (donde se canaliza la mayoría de los subsidios a colectivos) fue en abril de 2016 (60%). Según un estudio de Macroview, en términos reales, la tarifa de este servicio está entre los más bajos de la historia. "La reactivación de los ajustes tarifarios en transporte será un test clave para vislumbrar el compromiso de Gobierno con la contención del gasto público en 2018", señala la consultora.

 

De acuerdo a las estimaciones de Macroview a mayo pasado el boleto promedio ponderado de todas las secciones (en términos reales) está por ejemplo un 71% por debajo del vigente a fines del 2000, 43% más barato que en 2008/09, un 12% respecto a fines de 2012 y 28% frente a julio 2014.

 

Lo cierto es que contemplando que en el primer cuatrimestre de 2018 se vienen tarifazos de luz, gas y agua, y quede algo para el segundo semestre, en el seno del Gobierno han consensuado finalmente un esquema de ajuste para el transporte que tendrá un componente mensual más un shock, en principio por única vez. Este esquema es mejor para las metas del BCRA ya que toda gradualidad coadyuva a los deseos oficiales.

 

Ayer precisamente el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, explicó en el seminario Abeceb que 2018 será de transición con algunos aumentos en los precios regulados apuntando a terminar el ajuste de precios relativos y de ahí en más solo acompañar a la inflación. O sea, ya no habrían tarifazos de luz, gas y agua en términos reales. Solo en el caso del transporte el ajuste también se prolongará a 2019 (año electoral). Habrá sin duda mucha sintonía fina porque tampoco se quiere afectar las expectativas inflacionarias y menos el trabajo del BCRA. Además resulta insoslayable el efecto que tiene todo ajuste en el transporte sobre el ingreso disponible de las familias, que de por sí ya muchas deberán asumir los últimos tarifazos. Para los analistas este ajuste pendiente es un examen a aprobar por el Gobierno.

Otra malas noticia: evalúan cortar los pagos con tarjeta de crédito en las estaciones de servicio

El aumento en los combustibles obligó a cientos de argentinos a volcarse a los pagos con tarjetas de crédito. Sin embargo, hoy se realizará un encuentro en la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), donde decidirán si cortan la atención con este medio de pago en las estaciones de servicio por las altas comisiones y la demora en la acreditación de los montos.

En ese sentido, el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines (FECAC), Pablo Bornoroni, aseguró las tarjetas de crédito “se está llevando la mitad de la ganancia”, ya que el 60% de las ventas se realiza con tarjeta. Incluso, advirtió que se busca reducir el arancel que cobran los bancos por el pago con plásticos y su plazo de acreditación. Siendo que, además, no descartan que esta medida pueda trasladarse a las tarjetas de débito.

Durante una entrevista con Radio Mitre Córdoba, Bornoroni destacó: "Nos cobran el 1,5% las tarjetas de créditos y nosotros tenemos que financiarlo durante 28 días y pagar el combustible al contado. Nos están sacando todo el margen que tenemos de ganancias", y añadió: “Es una posición que estuvimos hablando ya con la Federación de Rosario y Santa Fe", aunque aclaró que la idea, por ahora, es continuar recibiendo tarjetas de débito, cuya comisión es del 0,7% y se acredita a las 48 horas.

Vale recordar que el precio del combustible en la Argentina es el "segundo más caro de Latinoamérica" por la liberación de precios dispuesta por el Gobierno, según había destacado el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA), Carlos Gold. "El precio del crudo no ha dejado de subir y es justamente ese el fundamento por el cual el combustible aumentó, a pesar de la baja que se registró en noviembre", señaló el empresario.

"Siempre hay una retracción del consumo posterior al aumento; de acuerdo con la magnitud se refleja en la venta", explicó el titular de CECHA y añadió que "el lugar más caro de la Argentina en relación al precio del combustible es en el noreste, donde la nafta premium oscila los 29 pesos". Siendo que, además, el litro de nafta súper aumentó 32,6% en el año, el de premium un 35,5%, el gasoil 28,6% y el diesel de más calidad 29,8%, casi diez puntos porcentuales por encima de la variación de inflación anual.

Melconian advirtió que diciembre "viene bravo" por la inflación

El ex presidente del Banco Nación (BNA) Carlos Melconian advirtió este miércoles que diciembre "viene bravo" en materia de inflación y calculó que podría cerrar en hasta un 2,9%, lo que lo convierte en un "mes atípico".

 

En el marco de una charla sobre la preocupación por el atraso cambiario y la inflación, Melconian lanzó sus cuestionamientos en Radio Mitre cuando afirmó: "Viene bravo diciembre, puede ser 2.6, 2.7, 2.8 o 2.9".

 

"Es un mes atípico. La primera cuestión es mantener la calma porque descubrir cosas que eran obvias no nos pone en un escenario de tensión adicional. Todo esto es parte de un diagnóstico y de una política económica", aseguró Melconian, retomando de ese modo sus advertencias al gobierno de Mauricio Macri.

 

Sin embargo, aclaró que más que tomar diciembre, hay que tomar "estructuralmente" el tema de la inflación. "Los seis primeros meses del 2016 hay que dejarlos de lado porque fue el acomodamiento del tipo de cambio. A partir de ahí, hacer el promedio de inflación de un programa de inflación actual: 1.6, 1.10", sostuvo.

 

En ese sentido, explicó que pueden aparecer meses como octubre con 1,3% de inflación o meses como diciembre donde "se juntan cuestiones estacionales vinculadas a lo vacacional, a la salud, al combustible, a la regularización de tarifas públicas".

 

 

Luego opinó que exceptuando el 2009 que fue "un año crítico internacional", exceptuando el 2014 o 2016, la inflación anual "está volviendo a la tasa de inflación que Argentina tiene desde el año 2007".

 

El periodista Marcelo Longobardi le marcó que está claro que la inflación está alta, que hay un atraso cambiario y un déficit fiscal fuera de órbita que la Argentina financia con deuda y luego le preguntó cómo se arregla esta situación, a lo que Melconian respondió: "El mayor activo que tiene la Argentina hoy es que tiene un presidente que está absolutísimamente al tanto de esto".

 

"Se está en un camino con estas cosas que se han votado ahora, que tienen el intento de empezar a aplicar por primera vez el gradualismo. No hay ninguna posibilidad de otra cosa que no sea gradualismo. Lo que está aflorando son dos cosas: primero esta tensión entre la política monetaria y la política fiscal que corren con dinámicas diferentes", afirmó. 

 

Y luego dijo que la segunda cuestión es que acá "ha habido un diagnóstico, ha habido un programa. Mejorar el poder de compra de los salarios, una tasa de interés alta que no aborte la actividad, subir la actividad pero que no traiga inflación...".

 

"Si no hay un viraje a encontrar mayor consistencia en las velocidades y en las dinámicas que uno quiere aplicar, la tensión va a pasar por sacrificar alguna cara del cubo", señaló y explicó que con estos déficits fiscales y a pura tasa de interés "estabilizar una economía en forma permanente y en dos años, es una cosa prácticamente imposible", pero pidió que nadie "pierda la calma" por esta discusión porque es "muy sana y ha aflorado".

 

"Lo ha definido el propio presidente del Banco Central vienen tres o cuatro meses donde él mismo ha anunciado para sacarse esta presión de encima que la tasa de interés va a continuar alta", dijo y afirmó: "Habrá que ver cómo continúa esta cuestión de sacrificar alguna meta".

 

 

Otra mala para Cresta Roja: nuevos dueños anunciaron inevitable default

Cresta Roja no repunta. Una de avícolas que supo ser de las más importantes del país cae en picada día tras día, semana a semana, desde que un consorcio tripartito se hizo cargo de la empresa a fines de 2016.

A los desmanejos financieros con cheques rebotados por casi $ 400 millones, los conflictos gremiales con tres sindicatos y las extrañas sociedades que integraron los nuevos accionistas, se suma ahora el anuncio de un inevitable default de uno de los dueños.

Cresta Roja está bajo dominio de Proteinsa S.A., un holding fundado por las empresas Ovoprot Internacional S.A., Tanacorsa S.A. y La Suerte Agro S.A. (Grupo Lacau) que en octubre de 2016 ofertó u$s 121 millones para salvarla, luego que la Justicia decretó la quiebra de Rasic Hnos.

Para convencer a la jueza Valeria Pérez Casado, que dirige el proceso de quiebra "con continuidad" en el juzgado comercial N° 18, este grupo ostentó un misterioso respaldo financiero del banco brasileño BTG Pactua. En la compulsa, Proteinsa desbarrancó la oferta de u$s 110 millones de Avícola del Plata, otro grupo que quiso quedarse con Cresta Roja conformado por Granja Tres Arroyos, Adecoagro y Grupo Lartirigoyen. Pero desde que los nuevos dueños y administradores se hicieron cargo de la fábrica la crisis no cesó.

En los últimos días trascendió que Ovoprot está a punto de declararse en cesación de pagos. A través de una carta firmada por Sebastián Perea Amadeo, presidente de la empresa, se alertó a la Bolsa de Comercio que no podrán hacer frente esta semana al pago de los intereses de títulos emitidos por unos $ 50 millones.

"Por la presente les informamos que a Sociedad (Ovoport) se ha visto impedida de realizar la transferencia de los fondos necesarios para realizar el pago de la quinta cuota de intereses correspondientes a la serie IV de las Obligaciones Negociables PYME, cuyo vencimiento operaba el día de la fecha, debido a situaciones excepcionales y extraordinarias informadas anteriormente", sostuvo Perea Amadeo el 24 de noviembre pasado. 

La principal productora de huevos de la Argentina agregó que está abocada a "un plan de acción para subsanar dichos inconvenientes a la mayor brevedad posible" y trató de calmar a su inversores: "La Sociedad ratifica al público inversor, que la ha acompañado a lo largo de estos años, su compromiso de honrar sus obligaciones en tiempo y forma, por lo que confía que esta situación constituya un incidente aislado a lo largo del tiempo".

En el directorio de Ovoprot aparecieron Sebastián Ernesto Perea Amadeo, Juan Antonio Perea Amadeo, Santiago Ginés Perea Amadeo, Juan Francisco Loncán y Mateo De Durañona y Vedia. Pero también figura como director titular y vicepresidente el austríaco Maximilian Hörmanseder, el socio extranjero de los Perea Amadeo y CEO de Ovoprot Egg Products Austria. La empresa tiene fábricas y oficinas de venta en Pilar, Sauce Viejo (Santa Fe), Bolivia, República Checa, Egipto, Grecia, Bosnia, Serbia, Rumania, Portugal, España, Hungría, Croacia y por supuesto, Austria.



En el país los productos de Ovoprot proveen a firmas productoras de alimentos como Unilever, Arcor, Bimbo, AGD, Kraft, Nestlé y Molinos Río de la Plata. Pero también se exportan a Europa, Rusia, Japón, Medio Oriente y el resto de América latina. La mitad de los huevos que consumen los argentinos salieron de las granjas de Perea Amadeo y Hörmanseder. Curiosamente, algunos propietarios de Ovoprot figurarían como directivos de Tanarcosa, la otra dueña de Cresta Roja.

Un incendio afectó en julio pasado la planta de incubación de Proteinsa en San Miguel del Monte. El daño justificaría la cesación de pagos. "La gravedad del siniestro está dada porque en el corto plazo podría implicar una alteración de la cadena de producción de Proteinsa y la unidad productiva (afectada), la cual -eventualmente- podría comprometer el giro ordinario de los negocios de Proteinsa", reveló Ovoprot en ese entonces a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Ovoprot tiene el 45% de Proteinsa. La firma de la familia Amadeo Perea -parientes del diputado nacional de Cambiemos, Eduardo Amadeo- son garantes de las deudas Cresta Roja, pero al mismo, es una de la que más cheques rebotados tiene. Tanarcosa tiene lo propio. Según consta en los registros oficiales del Banco Central, Ovoprot Internacional S.A. acumula 1.372 cheques rebotados por $ 132.968.635, de los cuales solo canceló 396 por unos $ 31 millones.

Para peor, se conoció que los Lacau ya no serían parte del holding a cargo de Cresta Roja y que tras el default de Ovoprot, ya no habría quien ponga los huevos para sacar adelante a la empresa.

La UE adoptó su primera lista negra de paraísos fiscales

La Unión Europea (UE) adoptó este martes su primera lista negra de paraísos fiscales, que incluye a 17 países de fuera del bloque como Panamá y que, en caso de no cooperar con los europeos, podrían ser blanco de sanciones.

   

"Adoptamos hoy a nivel de la UE una lista de Estados que no hacen lo suficiente en la lucha contra la evasión fiscal", esta "lista negra comprende 17 Estados", indicó en rueda de prensa el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, en Bruselas. Además de Panamá y los caribeños Granada, Barbados, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, la lista negra se completa con Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Mongolia, Macao, Guam, las islas Marshall, Palau, Samoa, la Samoa Americana, Namibia y Túnez.

   

Los 28 ministros de Finanzas de la UE adoptaron por unanimidad, como prevén las reglas europeas en temas de fiscalidad, la creación de esta lista, que no incluyó finalmente ni a Marruecos ni a Cabo Verde, blanco de debate durante una reunión en la mañana. Según una fuente diplomática, Panamá, Túnez y Emiratos Árabes Unidos, que se comprometieron durante la noche a cooperar con la UE, forman parte no obstante de la lista porque esos compromisos llegaron "demasiado tarde".

   

"Rechazo la inclusión arbitraria y discriminatoria de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea", lamentó en Twitter el ministro de Economía y Finanzas panameño, Dulcidio de la Guardia. Según la decisión del Consejo de la UE, el país centroamericano "tiene un régimen tributario preferencial nocivo y no se comprometió claramente a enmendarlo o abolirlo, como se solicitó, de cara al 31 de diciembre de 2018".

  

Uruguay y Perú, en lista gris 

   

Bruselas inició en 2016 un examen para determinar el riesgo de que países terceros favorezcan la evasión fiscal, en base a una serie de criterios: falta de transparencia, existencia de regímenes fiscales preferenciales y respeto de los criterios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) contra la optimización fiscal. Además de los 17 países señalados en la lista negra, la UE decidió postergar a primavera la eventual inclusión de ocho jurisdicciones afectadas por los huracanes en septiembre, entre estas Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica o las islas Vírgenes británicas.

   

De las 92 jurisdicciones estudiadas por la UE en total, otras 47 se incluyeron en una "lista gris" por comprometerse a cooperar en algunos de los problemas señalados por la UE, como es el caso de Marruecos y Cabo Verde, y cuyos compromisos los europeos examinarán de cerca. Uruguay forma parte, junto a Belice, las Maldivas o San Vicente y las Granadinas, de las jurisdicciones que se comprometieron a avanzar hacia un sistema de imposición justo, mientras que Perú o Jamaica, entre otros, deben mejorar sus estándares de transparencia.

   

La lista gris también cuenta con países europeos no pertenecientes al bloque como Suiza, Andorra y Liechtenstein, pero también con territorios vinculados a países de la UE pero con estatuto especial como las islas británicas de Guernsey, Jersey y Man o la francesa de Nueva Caledonia.

  

Sanciones, ¿disuasivas? 

   

De estos, los países desarrollados tienen de plazo hasta finales de 2018 para cumplir con las demandas europeas, mientras que aquellos en vías de desarrollo tienen hasta finales de 2019. Ambas listas se actualizarán regularmente.

   

La lista negra de paraísos fiscales va más allá que la publicada por la OCDE, que sólo incluyó a Trinidad y Tobago. Los europeos prevén incluso sanciones para aquellos países que no cooperen, unas medidas que las oenegés consideran insuficientes. Por el momento, sólo se prevé la congelación de fondos europeos, ante la división de los países de la UE al respecto.

   

El ejecutivo comunitario, al igual que Alemania, Italia o España, quería sanciones más duras y, en este sentido, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, urgió a las capitales a definir "sanciones nacionales disuasivas rápidamente". "Esta lista es una ocasión perdida", estimó la eurodiputada ecologista Eva Joly, máxime cuando los reiterados escándalos vinculados a la evasión fiscal como los "papeles de Panamá" o los más recientes "papeles del paraíso" aumentan la presión sobre la comunidad internacional para frenar estas prácticas.

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